Los filtros peer to peer han sido rechazados por el abogado general de la Unión Europea, considerándolos irrespetuosos con la libertad de los ciudadanos y el derecho a la información.
Desde hace varios años, las empresas de telecomunicaciones se preguntan sobre la conveniencia de limitar, con filtros específicos peer to peer, una práctica mayormente ilegal – pero no necesariamente tal – utilizada para el intercambio de archivos. Solo hace unas semanas hablamos aquí en FullPress sobre la decisión de Telecom Italia de filtrar el peer to peer, con el fin de racionalizar los recursos de banda y permitir así a todos navegar a una velocidad mínima garantizada.
Llega una opinión contraria a la aplicación de filtros a sitios que hacen P2P y esta vez es una voz bastante autorizada: se trata de la opinión de Cruz Villalon, abogado general de la Unión Europea.
Villalon se ha pronunciado sobre la cuestión de los filtros al peer to peer, basándose en el litigio abierto desde hace 7 años entre el proveedor Scarlet Extended y Sabam (un organismo de Bélgica que podríamos comparar con la Siae en Italia).
Desde varios sectores se alzan voces que quisieran que los proveedores adoptaran medidas técnicas para limitar la velocidad de descarga de sistemas peer2peer, con el fin de inhibir indirectamente su uso, buscando así proteger el derecho de autor.
No parece compartir esta opinión el abogado Villalon, quien hace reflexionar sobre el hecho de que, según él, con una medida así se violan tres derechos específicos:
1) protección de los datos personales de los internautas;
2) secreto de las comunicaciones;
3) libertad de información.
Cada uno está estrechamente relacionado con el otro, como es lógico.
Limitar la web con filtros, de forma preventiva y quizás incluso en casos que no dañan en absoluto el derecho de autor, por lo tanto es una solución no adecuada para resolver el conflicto entre las dos partes (y la cuestión del peer to peer en general).
Además, el sistema de filtros propuesto tendría costos de aplicación que recaerían solo en los proveedores que, en este punto, también asumirían una carga adicional: la responsabilidad legal de lo que termine en la red, si es ilegal.
Finalmente, la Unión Europea no puede exigir la aplicación de filtros si dentro del Estado donde se abrió el litigio no existe una normativa nacional específica y aplicable al asunto.
Aunque la opinión expresada por Villalon es muy influyente, aclaramos que se trata de un pronunciamiento absolutamente no vinculante: para el veredicto definitivo habrá que esperar la declaración pública del Tribunal de Justicia europeo. No obstante, cabe señalar cuánto se respeta generalmente la opinión del abogado general de este órgano comunitario.
¿Ha comenzado entonces una fase de mayor apertura del web? Los filtros¿serán realmente prohibidos o se encontrará un compromiso para proteger tanto los derechos de los usuarios de la web, como los de los autores de obras protegidas por copyright? Sin duda, esta primera opinión, bastante clara y autoritaria, abrirá el debate, de cara a la sentencia definitiva.
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